La nueva Junta Directiva de AEDIVE, representada por su presidente, Isabel Reija, y dos de sus vicepresidentes, Jorge Milburn y Cristina García de Lago, además del director gerente de la asociación, Arturo Pérez de Lucia, se reunieron con la ministra Teresa Ribera a fin de trasladar las propuestas de la asociación para acelerar el despliegue de la movilidad eléctrica en España y que son fruto del documento aprobado en 2017 por su Asamblea General.
Señales de precio, la clave
La experiencia demostrada en diferentes países evidencia la necesidad de seguir impulsando la movilidad eléctrica a través de incentivos que permitan competir con equidad con otras tecnologías ya maduras hasta que haya una demanda suficiente. Cualquier iniciativa en este sentido siempre es bienvenida, pero el sistema de ayudas implementado en España desde 2009 a través de los planes MOVELE, MOVEA y MOVALT, se han mostrado poco eficientes, no ya solo por la poca ambición de sus presupuestos, que ha hecho que se agoten incluso en horas, sino también por la falta de continuidad temporal entre la finalización de un plan y la aprobación del siguiente, lo farragoso de su tramitación y su artificialidad, al tributar como rendimientos del trabajo en la declaración de la renta.
Al igual que ha sucedido en otros países donde la movilidad eléctrica se ha desarrollado con más fuerza, las señales de precio son claves en la adquisición de vehículos eléctricos y por tanto, urge buscar alternativas más eficaces, vinculadas a la fiscalidad y bajo el principio de “quien contamina, paga”, que haga que los usuarios avancen hacia opciones de transporte más sostenibles con impactos positivos en las emisiones, especialmente en España, que cuenta con un parque móvil excesivamente avejentado y muy contaminante. En esa línea han ido las propuestas de AEDIVE al MITECO para lograr una eficiente descarbonización del transporte.
Como parte del plan de incentivos, AEDIVE ha planteado sistemas de financiación para la Innovación que permitan el desarrollo de soluciones a barreras fundamentales en el despliegue de la movilidad eléctrica como la dotación de infraestructuras de recarga vinculada para usuarios potenciales que no disponen de plaza de parking propia o para facilitar el impulso a las flotas, en línea con actuaciones en países como Reino Unido, que ya han llevado a cabo actuaciones de esta naturaleza con un presupuesto ambicioso, mientras que en España, las ayudas del pasado MOVALT por 15 millones de euros que se planificaron para acometer proyectos de I+D+i no se han hecho efectivas.
La infraestructura pública, asignatura pendiente
Por otro lado, la necesidad de simplificar la regulación en torno a la figura del gestor de carga y los impuestos asociados a las infraestructuras, como el término de potencia, que impiden un despliegue mayor de puntos de carga rápidos y de oportunidad, forman parte del paquete de propuestas entregado a la ministra Ribera por AEDIVE, que representa dentro de la cadena de valor de la movilidad eléctrica a las empresas que apuestan por impulsar estas infraestructuras pero que en muchos casos, se encuentran ante la imposibilidad de defender en sus consejos de dirección un riesgo de varios cientos de miles de euros/año en costes fijos de la factura eléctrica.
Acometer de forma adecuada reformas en este sentido permitiría, por ejemplo, acelerar el despliegue de puntos de recarga en parkings ubicados en entornos urbanos, que pudieran dar respuesta a las necesidades de recarga vinculada de muchos potenciales usuarios que no disponen de plaza de aparcamiento propia, en un país en el que dos tercios del parque rodado carecen de una plaza en propiedad.
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